El 20 de julio de 1969, un ser humano pisó por primera vez la Luna. Hoy, 45 años después, un proyecto de ley en EE.UU. pretende declarar parques nacionales los lugares en los que aterrizaron las naves Apolo. La iniciativa ha abierto el debate sobre la propiedad del satélite.
A simple vista, el exuberante Parque Nacional de Yellowstone poco tiene que ver con el desolado paisaje lunar del Mar de la Tranquilidad. Allí no existe vegetación, ni poderosos géiseres, ni fauna salvaje pastando a sus anchas. Pero podrían tener algo en común si sale adelante un proyecto de ley que persigue declarar parques nacionales de EE.UU. a todos los lugares en los que aterrizaron las naves Apolo entre 1969 y 1972. La primera, el Apolo 11, alunizó un día como hoy hace 45 años, el 20 de julio de 1969.
“El programa lunar Apolo fue uno de los grandes logros de la historia estadounidense”, afirma el proyecto de ley, presentado en la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. en julio del año pasado por la representante demócrata Donna Edwars, a la que se sumó la también demócrata Eddie Bernice Johnson.
El documento, remitido al Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología y al Comité de Recursos Naturales, todavía no ha sido presentado en este período de sesiones –que concluye en enero de 2015– y los expertos no confían en que prospere.
Para que saliera adelante tendría que aprobarse por las dos cámaras del Congreso –la Cámara de Representantes y el Senado– y, posteriormente, ser firmada por el presidente Barack Obama, algo muy difícil hoy por hoy.
Contrario a la ONU
El proyecto de ley pretende proteger a los lugares lunares que tocaron las naves Apolo, incluida su tripulación, de iniciativas comerciales o naciones extranjeras que ya tienen capacidad para aterrizar en la Luna, como es el caso de China.
La iniciativa está mal planteada porque no engloba a la comunidad internacional, y choca con el Tratado del Espacio Exterior de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmado en 1967 y al que se han adherido más de 100 países, entre ellos, Estados Unidos.
En su artículo II, el Tratado establece que el espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera.
Luna astronauta y aparatos
Un primer paso podría ser el conocido como Acuerdo de la Luna, que la ONU publicó en 1979, y que reconoce al satélite como una propiedad común que, como tal, debería regirse por un régimen jurídico internacional. Sin embargo, este texto solo lo han ratificado quince países, entre los que no se encuentra Estados Unidos.
Por su parte, la NASA hizo público en 2011 un documento sobre cómo proteger y preservar el valor científico e histórico de los artefactos depositados en tierra lunar por el Gobierno estadounidense.
Patrimonio de la Humanidad
Hay voces que se muestran partidarias del proyecto de ley, como Pete J. Capelotti, antropólogo de la Universidad Penn State (EE.UU.). “El proyecto debería aprobarse”, asegura. En su libro “La Arqueología Humana del Espacio” (2010), Capelotti propone que estos lugares sean tratados como reservas arqueológicas, con áreas delimitadas claramente “para protegerse del deterioro ambiental y de los efectos de la exploración futura, las visitas y una potencial explotación”.
Esta protección máxima ya existe en la Tierra a través de las figuras de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Por eso, el proyecto de ley también contempla que, una vez declarados los parques nacionales lunares, se presenten a este organismo para conseguir el título de Patrimonio de la Humanidad, algo irrealizable en estos momentos, ya que la lista de Patrimonio Mundial no contempla otros cuerpos celestes además de la Tierra.
Aunque el proyecto de ley no parece que vaya a salir adelante, los expertos consideran positivo que haya abierto un debate sobre la propiedad y responsabilidad espacial, algo que se ponía de manifiesto hace unos meses con la oscarizada película Gravity y la basura espacial.
En la cinta se hacía evidente la dificultad de adjudicar responsabilidades cuando la posesión de los objetos está en duda, ya sea por las estipulaciones de las leyes espaciales internacionales o por limitaciones tecnológicas.
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