Para la doctora Jessica Cristina Romero Michel, profesora de la Universidad de Colima, los investigadores tienen derecho a reclamar y percibir regalías derivadas de sus investigaciones, innovaciones o descubrimientos.
Participante en el Cuarto Congreso Internacional de Derecho y Tecnología que se llevó a cabo en esta ciudad y que organizó de manera conjunta la Universidad de Colima, la Red Temática de los Derechos Humanos en la Economía del Conocimiento, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la investigadora reivindicó la libertad de concurrencia, es decir, el derecho humano de los investigadores, al igual que de cualquier persona, de dedicarse al quehacer que elijan y obtener beneficios económicos por ello, mientras que no sea una actividad ilícita.
“Sin embargo, el esquema que se tiene a la fecha, en donde los investigadores no cobran por sus innovaciones, no permite la colaboración de estos con la iniciativa privada, en el entendido de que su sueldo proviene de recursos de carácter público, salvo en algunas excepciones en donde la universidad otorga un porcentaje menor por las regalías de una patente a quien la produce”.
Una de las consecuencias de este esquema es que, dado que las universidades no tienen un propósito de comercialización de los productos generados a partir de su investigación, los nuevos descubrimientos son almacenados o se quedan solamente como publicaciones, explicó la investigadora en entrevista con la Agencia Informativa Conacyt.
Entre los riesgos de que no se permita la concurrencia de recursos del sector privado y del sector público para los investigadores, consiste en que en algunos casos estos venden en forma ilícita su conocimiento al sector privado, con lo que la universidad no obtiene beneficios por ellos, explicó.
“Apenas en diciembre pasado, el Congreso de la Unión reformó la Ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 51, y estableció que cada una de las entidades públicas de investigación y desarrollo, los centros de investigación y universidades establecieran sus reglas en cuanto a la producción del conocimiento y evitar el conflicto de intereses, para que este se convierta en una realidad dentro de la cadena productiva. En junio se venció el término para que emitieran sus disposiciones internas; sin embargo, a la fecha, la mayoría de los centros de investigación está incumpliendo o no conoce este decreto”.
Con ello se abre la puerta para que los investigadores puedan vincularse con el sector privado e incluso se conviertan en accionistas de empresas en donde se aplique el conocimiento que han producido. Por su parte, el sector privado mantiene interés en que las universidades les vendan o transfieran sus conocimientos y conseguir con ello beneficios económicos.
“La falta de respeto al derecho de concurrencia puede generar en un largo plazo que los investigadores podamos demandar a nuestras instituciones por responsabilidad patrimonial, debido a que nos están causando un prejuicio en nuestra economía”.
Acerca de si la posibilidad de tener esta libertad de concurrencia no inclinará el número de investigaciones hacia las ciencias aplicadas en detrimento de las básicas, aseguró que será la vocación de los centros de investigación la que determine si estarán más vinculadas a términos tecnológicos o hacia la ecología o las ciencias sociales.
“A nosotros los investigadores nos toca presionar para que la libertad de concurrencia sea una realidad. Por ello es necesario que el conocimiento sea divulgado y que pueda ser aprovechado por otros sectores”.
La investigadora informó que esta posición, junto a la de otros investigadores que conforman la Red Temática de los Derechos Humanos en la Economía del Conocimiento, se plasmará en un libro denominado Transferencia del conocimiento en la economía del conocimiento, el cual tendrá colaboraciones del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (Ciatej), de la Universidad de Alicante, España, de la Universidad Nacional de Río Negro, de Argentina, de la Universidad de los Andes, en Colombia, y de diversas universidades del centro del país como la Universidad de Colima, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Fuente: CONACYT.
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