“La ciberseguridad no está definida en el ámbito jurídico, es un aspecto muy trabajado desde la parte técnica”, comentó la doctora Olivia Mendoza Enríquez, adscrita al Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec).
En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, la especialista explicó que la ciberseguridad es un conjunto de herramientas que pueden utilizarse para proteger información del ciberespacio, tanto aquella que tengan los países o representantes del Estado como son los servidores públicos, así como información de las empresas.
En México ha incrementado el número de incidentes relacionados con la ciberseguridad, lo que refiere a una falta de conciencia de algunas organizaciones o de los usuarios personales, ocasionando mayor vulnerabilidad a un ciberataque.
Como tal, no existe una definición exacta de ciberseguridad pero la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA, por sus siglas en inglés) entiende este término como la protección de activos de información a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados.
En este sentido, el entendimiento del concepto permitirá conocer y aplicar nuevas técnicas de protección que permitan que los cibernautas y diferentes organizaciones del sector público o privado tengan menores posibilidades de sufrir algún tipo de ciberataque.
Ciberseguridad en México y derechos humanos
La censura, espionaje y robo de identidad son algunos de los delitos cibernéticos en los que se ven involucrados con mayor frecuencia los usuarios de redes, y las medidas que adoptan los estados y las empresas para proteger la información que está a su cargo podrían afectar los derechos de libertad de expresión y privacidad.
“Tenemos en discusión el convenio sobre la ciberdelincuencia llamado Convenio de Budapest, esta referencia insta a que los países adopten medidas para prevenir conductas ilícitas en el ciberespacio”, comentó Olivia Mendoza.
De acuerdo con la especialista, lo que preocupa a la sociedad civil y a expertos en el tema es que estas medidas tomadas en el Convenio de Budapest pudieran derivar en mecanismos de censura y, por ende, afectar la libertad de expresión y privacidad.
Para prevenir que existan contenidos ilegales en Internet, las empresas que prestan este servicio tendrían que impulsar medidas para bajar dichos contenidos, según el Tratado Transpacífico.
En caso de que México ratifique este tratado, que habla de temas de propiedad intelectual y comercio, hay una puerta abierta para que se viole la libertad de expresión y privacidad pues, en mayor o menor medida, los prestadores de servicio de Internet tendrían que hacer la labor de supervisión de contenidos para que todos aquellos que son de procedencia ilegal eviten sean descargados.
“Con esta acción se tendría un monitoreo de todos los contenidos de Internet y todos los contenidos que están sometidos a una presunta infracción en materia de propiedad intelectual”, subrayó Olivia Mendoza.
Lo anterior significaría la sujeción de los ciberusuarios a la supervisión de las comunicaciones sin que exista un mandato judicial.
La delgada línea entre supervisión y censura
La intención de estas medidas, según la doctora Olivia Mendoza, es buena, ya que se busca prevenir la inclusión de contenidos ilegales en Internet. Sin embargo, la instrumentación de medidas que lo prevengan es el rubro que no queda de forma idónea a la luz de los derechos humanos.
“Si van a estar supervisando sin mandato judicial todos los contenidos o uno presuntamente vinculado a un contenido ilegal, en ese momento hay un claro mecanismo de censura, pues habrá temor de la gente de seguir transfiriendo información en Internet”.
Para los países ha sido un problema hablar del tema de la regulación de Internet, pues el ecosistema digital pierde su equilibrio y no resuelve las complejidades que suceden en Internet desde el punto de vista de la extraterritorialidad de las normas.
Es por eso que la especialista considera que hay que tomar en cuenta que el ciberespacio es un lugar que permite el ejercicio de algunos derechos humanos, como la libertad de expresión a través de las redes sociales, por mencionar un ejemplo.
El ámbito regulatorio es uno de los principales recursos utilizados por las empresas en México y el mundo para impulsar la seguridad. Pese a eso hay una expectativa de que este rubro siga fortaleciéndose en todas las industrias, lo cual es parte de una estrategia de parte del gobierno federal sobre este proceso de transformación digital.
Fuente: CONACYT.
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