El desafío de la seguridad alimentaria en México

La seguridad alimentaria es un concepto donde convergen aspectos de crecimiento económico, agropecuario y social. A partir de ellos, cada país trabaja para asegurar a sus habitantes el acceso a alimentos seguros, nutritivos y de acuerdo a sus necesidades.

Mientras tanto en México, hace siete años la cámara de diputados aprobó las reformas a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer el derecho a la alimentación y al desarrollo rural integral sustentable, donde el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.

Sin embargo, el tema de seguridad alimentaria es considerado un objetivo de la política alimentaria nacional de cualquier país del mundo, pero los esfuerzos aún son insuficientes si se analiza la realidad actual, particularmente los sectores de la población que viven en situación de pobreza y de pobreza extrema.

Para la población mexicana, las últimas cuatro décadas han significado una profunda reducción de la capacidad adquisitiva de su ingreso —que va por arriba de 70 por ciento— y que, en buena medida, es el resultado de la elevada inflación anual registrada desde la década de 1980, donde se agudizó el problema de pobreza que ha persistido hasta la actualidad.

Así, el elevado crecimiento de los precios, de la mano de constantes recesiones económicas, así como un lento crecimiento de salarios, contribuyeron considerablemente a agravar dicha problemática.

En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, Carlos Labastida Villegas, coordinador del Programa Universitario de Alimentos (PUAL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó las razones y posibles planes de acción que garantizarían una verdadera seguridad alimentaria en México.

Sin acceso equitativo

El concepto mundial de seguridad alimentaria que maneja la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) señala en términos generales que esta se consigue cuando todas las personas a nivel individual, de hogar, nación y global tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias, con el objetivo de llevar una vida sana y activa.

“Aquí hay elementos que son importantes de subrayar, como el acceso físico y económico a los alimentos. Esto nos da la pauta para entender la realidad de la seguridad alimentaria en nuestro país”, explicó.

De acuerdo con el especialista, el Consejo Nacional de la Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2016 estimó la existencia de 53.4 millones de personas en situación de pobreza en el país, equivalente a 43.6 por ciento de la población total y de estas, 9.4 millones están en pobreza extrema, lo que en términos económicos limita el acceso a los alimentos necesarios para una adecuada alimentación y nutrición.

Esta falta de acceso a alimentos por casi la mitad de la población mexicana representa una consideración de gravedad, ya que aunado a las situaciones de pobreza y pobreza extrema del país, se encuentra el actual nivel del salario mínimo general diario en México de 88.36 pesos, que dificulta todavía más la cobertura de necesidades básicas alimentarias.

Ante este panorama, el Coneval establece que para medir la situación de riesgo de seguridad alimentaria de un país, además de los indicadores de disponibilidad de alimentos y desnutrición, también deben incorporarse indicadores de crecimiento económico, pobreza, salud, así como de capacidad para adquirir alimentos, ya que el acceso económico se relaciona con el precio de un alimento en particular o el precio relativo de alimentos alternativos o sustitutos, además de las restricciones presupuestarias de los consumidores.

“A lo largo de los últimos ocho años, de 2011 a 2018, el valor de la canasta básica alimentaria ha sufrido cambios importantes al alza, además de que las cifras no son las mismas para las zonas rurales que para las urbanas. La canasta rural ronda los mil 53 pesos, mientras que la urbana está en mil 492 pesos, por lo que hay un desbalance total en las posibilidades de tener acceso a alimentos sanos y nutritivos”, subrayó Carlos Labastida.

Población insegura

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (Ensanut), en 2016 se clasificaron los hogares según el grado de inseguridad alimentaria, donde 30 por ciento de la población encuestada se consideró en un estado de seguridad alimentaria, mientras que 70 por ciento restante se describió en inseguridad alimentaria.

Entre ese 70 por ciento, 41.6 por ciento se encuentra en inseguridad alimentaria leve, donde manifiesta preocupación por el acceso a alimentos sacrificando la calidad de su dieta.

Después se encuentra 17.7 por ciento de los encuestados en inseguridad alimentaria moderada que, además de sacrificar la calidad de la dieta, también restringen la cantidad de alimentos consumidos.

Para la inseguridad alimentaria severa, está 10.5 por ciento de los encuestados que manifiestan las dos percepciones anteriores y se añade la experiencia de hambre en adultos y niños donde no ingieren alimentos en todo un día.

Hambre en el sureste

Como tal, el fenómeno de la crisis alimentaria se agudizó en la década de 1970, donde se experimentaron severos problemas de alimentación ocasionados principalmente por el alza de los precios internacionales en los granos.

Ante el panorama de desbalance entre ingreso económico y gasto para la obtención de la canasta básica familiar, las posibilidades de obtener alimentos por recursos propios son escasas y la región sureste del país es la más desfavorecida.

En este sentido, Carlos Labastida señaló que no es lo mismo hablar de seguridad alimentaria y acceso a alimentos en comunidades de Oaxaca, Chiapas o Guerrero, que de Sonora, Chihuahua, Coahuila o Baja California, pues evidentemente la pobreza está concentrada en zonas del sureste mexicano y en menor medida, pero también con un gran impacto, en algunas ciudades de estados como Jalisco, Veracruz o Michoacán, por mencionar algunos.

“Todavía en 2010, 18.8 por ciento de la población total generaba un ingreso menor al valor de la línea de pobreza alimentaria, lo que se traduce a que uno de cada cinco habitantes carece de recursos para satisfacer necesidades nutricionales mínimamente adecuadas”.

Trabajo por hacer

Dada esta problemática, sobresalen estudios de organismos nacionales e internacionales que, en gran medida, han centrado su atención en la oferta o disponibilidad de alimentos, restando relevancia a otros factores que también contribuyen, como el poder adquisitivo de los consumidores a través de su ingreso o sus capacidades de elección para mejorar su bienestar alimenticio.

“Para tener acceso a los alimentos hay que tener dinero para comprarlos, de ello depende una dieta de calidad, y el tipo de alimentos que se compren y se consuman depende de los recursos que la persona o familia posea”, explicó el coordinador del PUAL

Evidentemente el tratamiento para la resolución de este problema depende de muchos factores y Carlos Labastida describió que uno de los puntos es fundamentalmente propiciar mayor crecimiento económico del país que permita la generación de empleos mejor remunerados

Se trata de una cuestión de política económica en general que no solo pasa en México sino en todo el mundo. Por ejemplo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el crecimiento económico para nuestro país en los últimos 30 años ha sido en promedio de dos o 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), no ha aumentado mayormente.

“Actualmente nuestro país se encuentra en un proceso de transición gubernamental, donde es necesario tener una fórmula de mayor crecimiento económico para nuestro país, que se derive de mayor inversión a proyectos productivos y que se promueva la generación de empleos mejor pagados”.

Asimismo, Genaro Aguilar Gutiérrez, investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), explicó que en México existen alrededor de 16.7 millones de trabajadores sin prestaciones que deberían recibir de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, y de ellos, dependen treinta millones de personas que, por ende, tampoco tienen seguridad social y los ingresos que perciben son insuficientes.

Política alimentaria integral y apoyo a la agricultura

De acuerdo con Carlos Labastida, en la última administración gubernamental no existió una política alimentaria integral de manera explícita, sino diversos programas alimentarios y de política social que tuvieron importancia pero no un alcance integral nacional del más alto nivel en el que se involucrara la producción, distribución, transporte y consumo de los alimentos.

“Debemos pensar en la alimentación de manera global, que considere la creación de una política alimentaria integral coordinada al más alto nivel ejecutivo y que atienda todas las fases de la cadena alimentaria”, señaló.

Para el especialista, es necesario establecer dicha política basada en diagnósticos sólidos para cada fase de la cadena alimentaria y utilizando mecanismos de coordinación sectorial e intersectorial que aseguren los mejores efectos para fortalecer la producción del campo mexicano y maximizar los resultados de los diversos programas de apoyo que se otorgan.

Asimismo, es necesario atender lo relacionado con la comercialización, el transporte de mercancías y su abasto a los grandes centros de consumo y atender urgentemente en la fase de consumo, la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que padece un alto porcentaje de habitantes del país. De acuerdo con la Ensanut de Medio Camino 2016, siete de cada 10 adultos, tres de cada 10 niños y cuatro de cada 10 adolescentes se encuentran en sobrepeso y obesidad con sus consecuentes efectos en la salud.

También consideró la necesidad de mejorar los canales de comercialización, servicio de transporte, condiciones de abasto que favorezcan un mejor consumo de alimentos nutritivos para reducir el consumo de alimentos con alta densidad energética y bajo aporte nutricional.

“Un gran problema ha sido el descuido al campo mexicano como productor de alimentos básicos en nuestro país, lo que ha propiciado, entre otros efectos, los grandes flujos migratorios, particularmente a Estados Unidos de América, donde nuestros connacionales ya no piensan en el llamado ‘sueño americano’, sino solo tener mayores ingresos para transformar su realidad y la de su familia”.

En este sentido, recomienda el impulso y el enfoque a la inversión tanto pública como privada en este sector, fundamentalmente en la capacitación de los productores, con la finalidad de fomentar la productividad agropecuaria, con especial consideración a los pequeños y medianos agricultores para que reciban incentivos fiscales y diversos apoyos para fortalecer la producción agroalimentaria.

Ciertamente el tema de seguridad alimentaria en México y en el mundo es un reto para cualquier gobierno; sin embargo, Carlos Labastida ve el futuro con optimismo y considera que de tomarse las medidas adecuadas en el gobierno que está por iniciar su gestión, será posible una nueva realidad agroalimentaria en nuestro país en términos de producción y consumo de alimentos.

Fuente: CONACYT.