Los 27 Centros Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) enviaron una carta a la María Elena Álvarez Buylla, directora general del Conacyt, en la que advierten que de aplicarse las medidas de austeridad adicionales ordenadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un memorándum fechado el 3 de mayo pasado, la operación sustantiva de los CPI se vería afectada y, “en algunos casos, de aplicarse indiscriminadamente, implica el colapso de algunos centros antes del fin de año”.
En el documento que elaboró el Consejo Consultivo de Directores Generales y también dirigido a Alejandro Díaz Méndez, director adjunto de los Centros de Investigación y con fecha del 10 de mayo de 2019, señala textualmente que “las medidas crearían además una asimetría significativa entre los investigadores de los CPI respecto de sus colegas en las universidades autónomas”.
La iniciativa de dirigirse respetuosamente a la doctora Álvarez Buylla, en su calidad de titular de coordinadora sectorial de los Centros Público de Investigación, surge tras analizar los impactos e implicaciones del memorándum del 3 de mayo del presidente de la Republica, lo cual motivó una reunión del Consejo Consultivo de Directores Generales de los CPI»s, el lunes 13 de mayo.
Cabe destacar que si bien la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado marcaba restricciones económicas a los miembros del Sistema de CyT del país, posteriormente vino el citado memorándum donde el presidente López Obrador instruye la aplicación de medidas adicionales a esa Ley.
Entre ellas reducir en un 30 por ciento el presupuesto aprobado para 2019 en materiales, combustibles, viáticos y pasajes aéreos nacionales, así como en estudios e investigaciones.
Asimismo, disminuir en 50 por ciento el monto aprobado para viáticos y pasajes aéreos internacionales, exposiciones, alimentación, asesorías para operación de programas, subcontratación de servicios con terceros y congresos, entre otros.
Es así que en el documento suscrito por el Consejo Consultivo de Directores Generales de los CPIs se hacen tres consideraciones jurídicas, una de ellas establece lo siguiente:
“El artículo 47 de la misma Ley establece que los CPI, aunque son entidades paraestatales, tienen como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica. Su función difiere sustantivamente del resto de las entidades paraestatales y por ello tienen un régimen jurídico especial”.
En otra de las consideraciones se lee: “La propia Ley en su artículo 48 otorga a las CPI autonomía de decisión técnica, operativa, administrativa y de gestión presupuestaria. Aunque este estatus no es igual al de las universidades autónomas, la disposición contiene elementos que reconocen espacios propios de decisión, dada la naturaleza de sus actividades sustantivas”.
Hacia el final del documento, los CPI a través de su Consejo Consultivo de Directores solicita su coordinadora sectorial los apoye y acompañe para tener una reunión urgente con la SHCP, con el objeto de sensibilizarlas de la situación específica de los centros y acordar las medidas de austeridad que serían aplicables buscando la menor afectación posible a su operación.
Quienes signan el texto son los doctores Inocencio Higuera Ciapara, director general del CIATEJ; Juan Méndez Nonell, director general del CIMAV; Sergio López Ayllón, director general del CIDE; Leopoldo Altamirano Robles, director general del INAOE y Diana Lucrecia Guillén Rodríguez, directora general del Instituto Mora.
Fuente: Agencia ID/Noticyti.
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