México y su maldición del petróleo

México es un país con abundancia de recursos petroleros, pero, igual que al rey Midas, esa riqueza puede haberle traído una maldición: la maldición del carbono.

La maldición del carbono es una nueva hipótesis económica que establece que los países con mayor cantidad de combustibles fósiles —petróleo, carbón, gas natural y gas licuado— tienden a emitir, en el mediano plazo, mayor cantidad de dióxido de carbono (CO₂) por cada unidad de su producto interno bruto (PIB), es decir, para mantener sus actividades productivas, el país emite mucho más carbono a la atmósfera por unidad productiva que otros países.

Esta maldición tiene consecuencias para las políticas públicas, pues los países ricos en combustibles fósiles deberán tomar acciones concretas si pretenden cumplir sus metas de mitigación del cambio climático, como aquellas delineadas en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional del Acuerdo de París. Y justamente, dar herramientas a los países que dependen de la extracción y exportación de petróleo, para desarrollar una economía baja en carbono, es el objetivo del trabajo de posdoctorado de Katya Pérez Guzmán.

La doctora en ciencias políticas realiza su trabajo en el International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), un instituto internacional dedicado a la investigación mediante el análisis de sistemas. IIASA tiene convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para la realización de posdoctorados, pero IIASA también está abierto a realizar proyectos de investigación con diferentes instituciones en México.

¿Por qué se hereda la maldición del carbono?

Existen cuatro razones principales por las que los países ricos en combustibles fósiles podrían emitir una mayor cantidad de CO₂ a la atmósfera por unidad del PIB. En primer lugar, la extracción y exportación del petróleo y otros combustibles requieren de una gran cantidad de energía y generan bastantes emisiones de gases de efecto invernadero.

Por otro lado, la facilidad con que los países obtienen el combustible fósil les hace parecer innecesario evitar las prácticas derrochadoras como la quema de gas o invertir en energías renovables y en mejorar la eficiencia energética, lo cual puede ser alimentado por la corrupción y la falta de visión o transparencia en las instituciones. En tercer lugar está el alto nivel de subsidio a los combustibles que existe en estos países, que aumentaría el consumo del recurso por los ciudadanos y por las industrias altamente emisoras de CO₂, como la del transporte o del cemento.

Por último, está la enfermedad holandesa, que ocurre cuando las exportaciones de un producto aumentan el valor de una moneda y esto hace más difícil para los productores de otros bienes vender sus productos en el extranjero, con esto se afectaría la manufactura y la agricultura de la nación.

Sistemas complejos

Pero las razones exactas por las cuales la riqueza petrolera de un país lo puede llevar a una producción excesiva de gases de efecto invernadero por unidad de producto no son fáciles de determinar.

El reto al que se enfrenta Katya Pérez en este momento es encontrar una forma de cuantificar de manera global y comparativa qué tanto depende un país de la extracción y exportación de combustibles fósiles, para poder entonces investigar cómo esta medida se relaciona con su intensidad de carbono, otra medida alternativa sobre cambio climático.

La forma en que planea hacerlo es mediante el análisis de redes de matrices insumo producto, que le permitirá conocer el origen y el destino de las transacciones económicas de cada sector productivo, incluyendo las transacciones respectivas de ciertos recursos naturales, como los minerales o el CO₂. Lo que la doctora en ciencias sociales pretende hacer es analizar cómo se modifican las cantidades de emisiones de las diferentes industrias de un país cuando cambian las ganancias monetarias obtenidas de las exportaciones de combustibles fósiles, y comparar esta relación con la que existe en países sin el recurso energético.

Por ejemplo, los recursos fiscales provenientes de la venta del petróleo se podrían utilizar desproporcionadamente para la construcción de carreteras o infraestructura que podría beneficiar a industrias como la del cemento o del acero, que son grandes emisoras de carbono; estas industrias también podrían beneficiarse de los subsidios y los bajos precios de los combustibles. Todas esas relaciones entre sectores productivos afectan las emisiones finales de CO₂, y Katya Pérez busca la manera de analizarlas para dilucidar cómo se ven afectadas por la producción y la exportación de petróleo.

“De esta manera, mi investigación va a aportar a los planes de política pública en materia de mitigación del cambio climático para los países extractivistas de petróleo”.

Maldición no significa destino

Según datos de la Comisión Europea, en 2015 México estaba en el número 16 de la lista de países que más emisiones de CO₂ producen. Pero considerando las actividades productivas, en América del Norte es el país con mayores emisiones de CO₂ por cada unidad del PIB. Es decir, para producir cierta cantidad de riqueza, emite mayor cantidad de gases de efecto invernadero que Estados Unidos o Canadá.

Pero existen algunos países que han escapado de la maldición del carbono, el caso más representativo es Noruega. La posesión de petróleo en este país no ha desencadenado los síntomas conocidos de esta maldición, y sus emisiones de CO₂ por unidad del PIB son menores a las de varios países con abundancia de recursos fósiles. Los expertos apuntan que esto se debe, por un lado, a que su burocracia profesionalizada hace un manejo adecuado de los ingresos de la industria petrolera, explica Katya Pérez.

“Si las instituciones que se encargan de producir y exportar petróleo, así como de introducir los ingresos de su venta, son representativas, transparentes y se rigen bajo un esquema de carrera profesional, entonces los ingresos se utilizarían para bien del país. Pero si el país cuenta con instituciones no transparentes y sujetas a procesos clientelares de selección de personal, los ingresos petroleros podrían ser distribuidos por medio de redes de clientelismo, patronazgo, o llevar a altos niveles de corrupción, como se postula para México en la década de los ochenta. Si el país cuenta con una democracia no consolidada, la lucha por la renta petrolera dominaría los procesos políticos y la asignación de la renta petrolera podría beneficiar desproporcionadamente a ciertos actores, como aquellos con altas emisiones de CO₂”.

Las mismas propuestas son relevantes para países con alta desigualdad o pobreza. Esto porque la corrupción en las instituciones deja los ingresos en manos de unos pocos, crea un desbalance de poder y favorece desproporcionadamente a una élite formada alrededor de la renta petrolera. De hecho, algunas hipótesis señalan que la abundancia de combustibles fósiles solo se vuelve una maldición para países con altos niveles de desigualdad.

¿Cómo librarse de la maldición?

Existen diferentes medidas para evitar la maldición del carbono, desde asegurar transparencia, legalidad y contrapesos en las instituciones encargadas de la producción, exportación y administración de los ingresos petroleros, hasta la creación de un fondo al que ingresen todas las ganancias generadas por la venta de petróleo, explica Katya Pérez.

La investigadora vuelve al ejemplo de Noruega, donde se determinó la creación de un fondo, con los ingresos petroleros, que se utilizaría para pagar las pensiones futuras en el país. Estos fondos podrían usarse para diferentes fines, por ejemplo invertir en fuentes renovables de energía y asegurar la transición energética en México.

“El fondo actual resultado de la reforma energética incluye un componente de este estilo, pero los arreglos institucionales encargados de garantizar su implementación a largo plazo podrían fortalecerse aún más. Por otro lado, estos cambios se pueden fortalecer institucionalmente también a nivel estatal, en la medida en que la renta petrolera que se destina a los estados vaya etiquetada de alguna manera hacia proyectos que garanticen un desarrollo bajo en carbono en estos estados”.

Fuente: CONACYT.