¿Cuál es el costo de proteger a la vaquita marina?

La protección de la vaquita marina (Phocoena sinus), especie en peligro de extinción y endémica del Alto Golfo de California, tiene como eje rector la restricción de las actividades pesqueras en la zona que desde 1993 fue decretada como área natural protegida (ANP) bajo el nombre Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.

Desde entonces, las comunidades de pesca ribereña de Santa Clara y San Felipe, en Baja California, así como Puerto Peñasco, en Sonora, se han visto obligadas a minimizar la captura de curvina, sierra, chano y camarón.

Investigadores de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef) han documentado el impacto de las políticas ambientales para la protección de la vaquita marina sobre las actividades pesqueras del Alto Golfo de California.

Los estudios se sitúan en el campo de la economía ambiental, una línea de investigación emergente dentro de El Colef, que poco a poco se consolida con la colaboración de investigadores de los departamentos de Estudios Económicos y Estudios Urbanos y del Medio Ambiente, junto con estudiantes de la maestría en administración integral del ambiente.

Evaluar políticas públicas

Por medio de una recopilación histórica de los diferentes lineamientos legales que han sido implementados para proteger a la vaquita marina y su hábitat, el doctor Carlos Israel Vázquez León, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de El Colef, realiza una evaluación de la efectividad de las políticas públicas y sus repercusiones económicas en las actividades pesqueras.

“La idea es evaluar estas políticas con base en tres líneas que son desarrollo sustentable, desarrollo social de las comunidades pesqueras e ingreso económico. Esos tres marcos de referencia me sirven para evaluar la política pública, ya que en la literatura sobre evaluación de política pública no existe una metodología definida, es decir, no te lleva paso por paso”, explicó el investigador.

La evaluación se realiza desde dos puntos de vista: los usuarios de la política pública, es decir, los pescadores, y los responsables de la toma de decisiones, entre los que se contempla instituciones como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Comparativo económico

En su investigación, Vázquez León analiza en forma comparativa la actividad pesquera antes y después del decreto de ANP en el Alto Golfo de California, a través de registros de arribo de embarcaciones, los ingresos de las comunidades, las especies que pescaban y las áreas en que estaba permitida la pesca.

El análisis comparativo lo realiza con datos de 1994 y 2004, a 10 años de que se decretara la ANP; con esta herramienta los investigadores evidencian que no hay una mejora en el ingreso de los pescadores, por el contrario, hay un deterioro.

“Ahora estamos revisando si estos patrones cambiaron después, estamos cubriendo un periodo hasta de 30 años para evaluar esto y obviamente sí han cambiado los patrones de pesca porque actualmente ya no se permite la actividad, son restricciones, excepto una pesquería que existe que es la curvina pero corre el riesgo de que sea cerrada también”, expuso Vázquez León.

Deterioro económico y ambiental

Vázquez León centra sus estudios en los pescadores de embarcaciones menores y no contempla la pesca furtiva como un factor, por las dificultades que existen para hacer estimaciones sobre actividades pesqueras clandestinas.

Sin embargo, mediante el diagnóstico documenta la existencia de hasta cuatro generaciones de pescadores, la falta de inversión en infraestructura y la ausencia de mecanismos que permitan a los pescadores agrupados en cooperativas y federaciones incidir en los precios de mercado de sus productos.

“No existen cadenas de frigoríficos, no existen formas de que el producto salga con valor agregado desde la comunidad, se vende como producto de materia prima para que sea vendido y procesado en mercados internacionales donde el ingreso se queda en los intermediarios y no realmente en el pescador, entonces tenemos un ciclo vicioso que va generando pobreza y deterioro ambiental”, afirma el investigador de El Colef.

Herramientas efectivas

Para la doctora Patricia Rivera Castañeda, investigadora del Departamento de Estudios Económicos de El Colef, el desarrollo de investigaciones como la coordinada por el doctor Carlos Vázquez genera la posibilidad de fusionar análisis desde diferentes aristas y elaborar diagnósticos más enriquecedores.

“Al tener esa parte dura de modelos, cálculos estadísticos, te da fortaleza al momento de presentar tus resultados. Además, las herramientas de la economía ambiental pueden ser aplicadas a diferentes casos: aspectos de contaminación, belleza paisajística, conservación de recursos”, mencionó en entrevista.

Consideró que la ventaja principal que ofrece la economía ambiental es que dota a los investigadores de herramientas para la obtención de datos útiles para la toma de decisiones, puesto que están fundamentados con cálculos precisos.

Aclaró que no debe confundirse economía ambiental con economía ecológica, ya que sus diferencias son estructurales: mientras que en la primera se percibe el medio ambiente al servicio del ser humano, en la segunda se considera al ser humano como parte del entorno ambiental.

Una disciplina estratégica

El incremento en las discusiones del campo de la economía ambiental, de acuerdo con la directora general académica de El Colef, Sárah Martínez Pellégrini, se debe en buena medida por el peso específico que se le puede atribuir para la aplicación de políticas públicas.

“La forma de poder darle un peso específico a las instituciones ambientales, en el contexto social, es trabajar sobre el impacto directo, plantear cómo afecta en forma concreta, identificar los costos y beneficios que pueden tener ciertos comportamientos proambientales o contraambientales y las afectaciones a la salud”, estimó.

Destacó que en el caso de El Colef, la línea de investigación es alimentada también por estudiantes de la maestría en administración integral del ambiente que desarrollan proyectos de ciencia aplicada, atractivos tanto para el sector público como el privado, por lo que prevé una ágil consolidación de esta línea de estudios.

Fuente: CONACYT.